Zamia Shiguango Olave, Est - Lila Saltos Catagua, MSc.
La gestión archivística eficiente impacta en la operatividad interna de las instituciones, así como fortalece
la confianza ciudadana en la administración pública. Garantizar el acceso oportuno y transparente a la
información es un compromiso hacia la consolidación de instituciones públicas abiertas y responsables
con el uso de datos (Ponce & Saltos, 2025).
Mediante un diagnóstico de archivo, justamente puede lograrse reconocer las oportunidades o desafíos
que atañen los procesos de gestión y preservación documental de una organización. Este diagnóstico,
como indica Zúñiga (2018) facilita la adquisición de una perspectiva panorámica de la situación real en que
la se encuentran, por lo que generalmente incluyen en su análisis elementos como el marco administrativo,
los procedimientos de archivado, la infraestructura física, el personal, tecnología y otros.
La gestión documental a escala global se encuentra en un contexto cambiante y retador. Con la
globalización, las entidades gubernamentales se encuentran cada vez más vinculadas, lidiando con la
exigencia de ajustar sus sistemas de documentación a normas internacionales (Tapia & Recalde, 2024).
En ese contexto, por ejemplo, el Código de Archivos y Patrimonio Documental de España, según Rojas &
Díaz (2015) se ampara en un conjunto de artículos en los que rige el uso adecuado del acervo documental,
integrado por otras directrices como la accesibilidad, la transparencia, el proceso administrativo e incluso
la normativa sobre administración electrónica.
El art. 52 de este código versa que todos quienes posean bienes de patrimonio documental o bibliográfico
deben conservarlos, protegerlos y destinarlos a un uso que no impida su conservación y su mantenimiento
en lugares adecuados. Si se incumple de alguna forma lo previamente dispuesto, se puede expropiar de
forma forzada los bienes afectados. Los investigadores son quienes determinarán la situación o el estado
de los bienes, por tanto, los obligados a la conservación de los documentos deben facilitar la inspección
por parte de los organismos competentes.
Se comprende en este código, asimismo, la cooperación archivística, para lo cual se establecen vínculos
entre los archivos y sistemas archivísticos de diferentes dependientes de las diversas administraciones
públicas, así como de todo tipo de entidades o personas físicas para con ello intercambiar conocimientos
especializados, información, medios técnicos, que finalmente optimicen y desarrollen los servicios que se
presentan desde los archivos.
La normativa archivística colombiana, por su parte, se estructura principalmente en la Ley 544, conocida
como Ley General de Archivo (2000), que establece las bases para la gestión documental en entidades
públicas y privadas que manejen información pública. Entre sus disposiciones, se encuentra la
organización de archivos, que exige que todas las entidades cuenten con un sistema de gestión
documental que garantice la organización, conservación y accesibilidad al acervo; asimismo, la ley
establece mantener la integridad, autenticidad y accesibilidad a largo plazo de los documentos.
Además, el Acuerdo No. 001 del 2024 del Archivo General de la Nación (2024) enmarcó como objetivo
unificar y consolidar la función archivística en Colombia. Entre sus aspectos más relevantes, destaca el
establecimiento de lineamientos jurídicos y técnicos que deben seguir las entidades del Estado para
garantizar la gestión documental, así como la implementación obligatoria de criterios preestablecidos para
asegurar la uniformidad y estandarización en la gestión de archivos a nivel nacional.
Aguirre (2024) considera que, si bien la normativa archivística colombiana se encuentra consolidada,
persisten desafíos como la tecnología, dado que las organizaciones tienen inconvenientes para
implementar sistemas de gestión documental, cuyas causas recaen sobre la falta de capacitación y costos
asociados a la digitalización. Sin embargo, el Observatorio de la Política de Archivos y de Gestión
Documental se convierte en una fortaleza y un ejemplo a seguir para países en Latinoamérica, ya que
mediante este centro se contribuye a mejorar la capacidad de los actores e instancias inmiscuidos en la
función archivística, además de velar por el análisis y evaluación de políticas en torno a la gestión
documental (Archivo General de la Nación, 2022).
En Ecuador, la Ley del Sistema General de Archivos (1982) se encarga de establecer las bases para la
organización y gestión de archivos en el país. Declara la clasificación de archivos (activo, intermedio,
temporal y permanente), estableciendo funciones en base a esta tipología. Además, conforma el Consejo
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Vol. 13 No.3, ISSN 1390-9789, diciembre, 2025