Desafíos del derecho internacional en América Latina en el siglo XXI
Challenges of international law in Latin America in the 21st century
|
Cesar Teobaldo Cuadrado LLandan
Universidad Bolivariana del Ecuador, Ecuador.
https://orcid.org/0009-0005-9382-7510
ctcuadradol@ube.edu.ec
|
Palabras claves:
derechos; jurisdicción; vulneración; políticas; protección.
Recibido:
27 de febrero de 2026
Keywords:
rights; jurisdiction; violation; policies; protection
Aceptado:
12 de junio de 2026
RESUMEN
En el siglo XXI, América Latina enfrenta múltiples desafíos en la implementación y efectividad del Derecho
Internacional, especialmente en materia de derechos humanos. A pesar de que la mayoría de los estados
han
ratificado
tratados
internacionales
y
reconocen
la
jurisdicción
de
tribunales
como
la
Corte
Interamericana de Derechos Humanos, persiste un incumplimiento sistemático de obligaciones, reflejado
en la aplicación deficiente de normas y la resistencia a cumplir sentencias vinculantes. Esta brecha genera
vulneraciones
estructurales
y
perpetúa
la
impunidad,
debilitando
la
protección
internacional
de
los
derechos fundamentales (Cançado Trindade, 2014; Ferrajoli, 2011).
La violencia institucional y el abuso del poder estatal, manifestados en ejecuciones extrajudiciales, tortura
y detenciones arbitrarias, muestran la incapacidad del Derecho Internacional para prevenir de manera
efectiva
prácticas
represivas.
Asimismo,
la
desigualdad
estructural,
la
concentración
de
riqueza
y
la
exclusión social limitan la
exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,
evidenciando
que
la
normativa
internacional
no
puede
garantizar
equidad
sin
políticas
nacionales
redistributivas (Piketty, 2014; CEPAL, 2023).
Otros
desafíos
incluyen
la
criminalización
de
defensores
de
derechos
humanos
y
periodistas,
la
vulneración de los derechos de pueblos indígenas y comunidades ancestrales por proyectos extractivos
sin consulta previa, y la crisis migratoria, que expone la falta de cooperación regional y la vulnerabilidad
de personas en movilidad humana.
En síntesis, el derecho internacional en América Latina enfrenta limitaciones estructurales, institucionales
y políticas. Su efectividad depende no solo de normas y tribunales internacionales, sino también de la
voluntad política, la independencia institucional y la implementación de políticas públicas que traduzcan
los derechos reconocidos en protección real y equitativa.
ABSTRACT
In the 21st century, Latin America faces multiple challenges in the implementation and effectiveness of
international law, especially in the area of
human rights. Although most states have ratified international
treaties
and
recognize
the
jurisdiction
of
tribunals
such
as
the
Inter
-
American
Court
of
Human
Rights,
systematic non
-
compliance with obligations persists, reflected in the deficient application of norms and
resistance to complying with binding judgments. This gap generates structural violations a
nd perpetuates
impunity, weakening the international protection of fundamental rights (Cançado Trindade, 2014; Ferrajoli,
2011).
Institutional violence and the abuse of state power, manifested in
extrajudicial
executions, torture,
and
arbitrary detentions, demonstrate the inability of international law to effectively prevent repressive practices.
Likewise,
structural
inequality,
wea
lth
concentration,
and
social
exclusion
limit
the
enforceability
of
economic, social, cultural, and environmental rights, showing that international law cannot guarantee equity
without redistributive national policies (Piketty, 2014; ECLAC, 2023).
Other challenges include the criminalization of human rights defenders and journalists, the violation of the
rights of indigenous peoples and ancestral communities by extractive projects without prior consultation,
DOI: https://doi.org/10.34070/rif
1
Vol. 14 No. 2, Revista de Investigación, Formación y Desarrollo:
Generando Productividad Institucional, agosto, 2026
and the migration crisis, which exposes the lack of regional cooperation and the vulnerability of people in
human mobility.
In summary, international law in Latin America faces structural, institutional, and political limitations. Its
effectiveness depends not only on international norms and tribunals, but also on political will, institutional
independence,
and
the
implementati
on
of
public
policies
that
translate
recognized
rights
into
real
and
equitable protection.
INTRODUCCIÓN
En el siglo XXI, el Derecho Internacional enfrenta en América Latina una serie de desafíos complejos que
evidencian la tensión existente entre los compromisos jurídicos asumidos por los Estados y la realidad
social, política y
económica de
la región. A pesar de los avances normativos
alcanzados
mediante
la
ratificación
de
tratados
internacionales,
especialmente
en
materia
de
derechos
humanos,
persisten
profundas brechas en su aplicación efectiva, lo que ha dado lugar a violaciones sistemáticas y estructurales
de derechos fundamentales.
América Latina enfrenta importantes desafíos para la efectiva aplicación del Derecho Internacional de los
Derechos
Humanos,
a
pesar
de
los
avances
normativos
y
la
ratificación
de
numerosos
tratados
internacionales. La persistencia de la pobreza, la desigualdad social y la exclusión de grupos vulnerables
continúa generando vulneraciones a derechos fundamentales, especialmente en los ámbitos económico,
social,
cultural
y
ambiental.
A
ello
se
suman
problemas
como
el
incumplimiento
de
obligaciones
internacionales, la limitada ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
violencia institucional, la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, la vulneración
de
los
derechos
de
pueblos
indígenas
y
la
creciente
crisis
migratoria
en
la
región.
Estas
situaciones
evidencian
las
limitaciones
del
Derecho
Internacional
para
garantizar
una
protección
efectiva
cuando
existen
debilidades
institucionales,
falta
de
independencia
judicial
y
escasa
voluntad
política
de
los
Estados. En este contexto, resulta necesario analizar críticamente estos desafíos para comprender su
impacto en la protección y garantía de los derechos humanos en América Latina durante el siglo XXI.
Asimismo, fenómenos contemporáneos como la migración masiva, la criminalización de defensores de
derechos humanos, el impacto del cambio climático y la expansión de actividades extractivas han generado
nuevas
formas
de
vulneración
de
derechos
que
desafían
los
mecanismos
tradicionales
del
Derecho
Internacional. Estas problemáticas exigen una respuesta articulada que supere el enfoque formalista y
promueva una interpretación dinámica y progresiva de las normas internacionales.
El
Derecho
Internacional
en
América
Latina
enfrenta
el
desafío
de
consolidarse
como
un
mecanismo
efectivo para la protección y garantía de los derechos humanos. No obstante, su eficacia se encuentra
condicionada
por
factores
políticos,
económicos
e
institucionales
que
limitan
la
aplicación
de
los
estándares internacionales y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados. La debilidad
institucional,
la
insuficiente
independencia
judicial
y
las
dificultades
para
ejecutar
decisiones
de
los
organismos internacionales generan una brecha entre el reconocimiento normativo de los derechos y su
garantía efectiva en la práctica. En este contexto, resulta fundamental analizar críticamente estos desafíos
para identificar las limitaciones del sistema internacional y promover alternativas jurídicas e institucionales
orientadas al fortalecimiento del Estado de derecho, la rendición de cuentas y la protección integral de los
derechos humanos.
El Derecho Internacional en el siglo XXI se concibe como un sistema normativo orientado no solo a regular
las relaciones entre Estados, sino también a proteger a la persona humana frente a los abusos del poder
estatal.
En
América
Latina,
este
enfoque
adquiere
especial
relevancia
debido
a
la
persistencia
de
desigualdades estructurales, debilidad institucional y violaciones sistemáticas de derechos humanos, a
pesar de la amplia ratificación de tratados internacionales.
Uno
de
los
conceptos
fundamentales
para
comprender
estos
desafíos
es
el
pluralismo
jurídico,
desarrollado por Boaventura de Sousa Santos.
Cesar Teobaldo Cuadrado Llandan, PhD.
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Vol.14 No.2, ISSN 1390-9789, agosto, 2026
Este
autor
sostiene
que
en
una
misma
sociedad
coexisten
múltiples
órdenes
jurídicos,
estatales
y
no
estatales, los cuales interactúan de forma desigual (Santos, 2009). En América Latina, esta realidad se
manifiesta en la convivencia entre el derecho estatal y los sistemas jurídicos indígenas y comunitarios. La
falta de reconocimiento efectivo de estos sistemas ha generado vulneraciones reiteradas a los derechos
colectivos, culturales y territoriales de los pueblos indígenas.
Santos
advierte
que
el
Derecho
Internacional
ha
sido
históricamente
construido
desde
una
lógica
eurocéntrica, lo que limita su capacidad de respuesta frente a las realidades latinoamericanas. En este
sentido, afirma que no es posible alcanzar una justicia social global sin una justicia cognitiva global, es
decir,
sin
el
reconocimiento
de
otras
formas
de
conocimiento
y
producción
jurídica
(Santos,
2010).
El
desafío para el Derecho Internacional consiste, entonces, en superar enfoques hegemónicos y promover
una interpretación intercultural de los derechos humanos.
Por otro lado, Antônio Augusto Cançado Trindade desarrolla el concepto de la humanización del Derecho
Internacional, según el cual la persona humana debe ocupar el centro del orden jurídico internacional y no
el Estado (Cançado Trindade, 2006). Desde esta perspectiva, la soberanía estatal no puede ser utilizada
como
argumento
para
justificar
violaciones
de
derechos
humanos
ni
para
desconocer
obligaciones
internacionales libremente asumidas.
Cançado Trindade sostiene que uno de los principales desafíos del Derecho Internacional en América
Latina
es la
falta
de cumplimiento
efectivo de las sentencias de
la Corte
Interamericana
de Derechos
Humanos, lo que debilita la protección internacional y perpetúa la impunidad. El autor señala que la eficacia
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos depende de la voluntad de los Estados de cumplir de
buena fe sus compromisos internacionales (Cançado Trindade, 2014).
Los desafíos del Derecho Internacional en América Latina en el siglo XXI se relacionan con la necesidad
de transformar el reconocimiento formal de los derechos humanos en garantías reales y efectivas
.
A partir
del
pluralismo
jurídico
de
Boaventura
de
Sousa
Santos
y
la
humanización
del
Derecho
Internacional
propuesta
por
Cançado
Trindade,
se
evidencia
que
el
sistema
internacional
debe
adaptarse
a
las
realidades sociales de la región para garantizar una protección efectiva de la dignidad humana.
Aquí veremos algunos de los desafíos del derecho internacional en América Latina en el siglo XXI:
I
ncumplimiento sistemático de las obligaciones internacionales
El
incumplimiento
sistemático
de
las
obligaciones
internacionales
constituye
uno
de
los
principales
desafíos del Derecho Internacional contemporáneo, especialmente en América Latina, donde existe una
marcada distancia entre los compromisos jurídicos asumidos por los Estados y su cumplimiento efectivo.
A pesar de que la mayoría de los países de la región han ratificado tratados internacionales de derechos
humanos,
como
la
Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos,
las
violaciones
a
derechos
fundamentales persisten de manera estructural y recurrente.
Desde una perspectiva jurídica, el incumplimiento internacional se produce cuando un Estado, por acción
u
omisión,
desconoce
las
obligaciones
derivadas
de
los
tratados
que
ha
ratificado,
generando
responsabilidad
internacional.
Este
fenómeno
no
suele
ser
aislado,
sino
que
responde
a
factores
estructurales como la debilidad institucional, la falta de independencia judicial, la corrupción y la escasa
voluntad política para adecuar el derecho interno a los estándares internacionales. En este sentido, el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos enfrenta el reto de garantizar que las normas no se
limiten a un reconocimiento formal, sino que se traduzcan en prácticas estatales efectivas.
Antônio Augusto Cançado Trindade señala que uno de los problemas más graves del sistema internacional
de protección es la resistencia de los Estados a cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales,
incluso después de haber sido declarados responsables por tribunales internacionales. El autor sostiene
que la eficacia del Derecho Internacional depende directamente del compromiso estatal con la protección
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de la persona humana, y advierte que la soberanía no puede ser utilizada como excusa para incumplir
decisiones internacionales vinculantes (Cançado Trindade, 2014).
En
América
Latina,
este
incumplimiento
se
evidencia
de
forma
clara
en
la
falta
de
ejecución
de
las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en lo relacionado con la
reparación integral, la investigación de los responsables y la adopción de garantías de no repetición. Esta
situación no solo afecta a las víctimas, sino que debilita la credibilidad del sistema internacional y perpetúa
escenarios de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
Por su parte, Luigi Ferrajoli aporta una visión crítica desde el
garantismo jurídico, al sostener que los
derechos
solo
existen
plenamente
cuando
cuentan
con
mecanismos
eficaces
que
aseguren
su
cumplimiento.
Para
el
autor,
la
ausencia
de
garantías
convierte
a
los
derechos
humanos
en
meras
proclamaciones normativas sin impacto real en la vida de las personas (Ferrajoli, 2011). Esta reflexión
resulta especialmente pertinente en el contexto latinoamericano, donde el incumplimiento sistemático de
obligaciones internacionales demuestra la fragilidad de los sistemas de protección.
El incumplimiento sistemático de las obligaciones internacionales en América Latina refleja una crisis de
efectividad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Superar este desafío requiere fortalecer
las instituciones estatales, garantizar la ejecución de las decisiones internacionales y consolidar una cultura
jurídica
basada
en
el
respeto
a
la
dignidad
humana.
Solo
mediante
el
cumplimiento
real
de
los
compromisos internacionales será posible avanzar hacia una protección efectiva de los derechos humanos
en la región.
Casos en América Latina relacionados con los desafíos del Derecho Internacional y los derechos
humanos
Debilidad en la ejecución de sentencias internacionales
La debilidad en la ejecución de sentencias internacionales constituye uno de los principales obstáculos
para la efectividad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en América Latina. Aunque los
Estados de la región han aceptado la competencia de tribunales internacionales, en particular de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, persiste una brecha significativa entre las decisiones adoptadas
por estos órganos y su cumplimiento efectivo a nivel interno. Esta situación no solo afecta la credibilidad
del sistema internacional, sino que perpetúa la vulneración de los derechos humanos de las víctimas.
Desde el punto de vista jurídico, las sentencias internacionales tienen carácter obligatorio y vinculante para
los Estados que han reconocido la jurisdicción del tribunal correspondiente. Sin embargo, en la práctica,
su ejecución enfrenta múltiples obstáculos estructurales, como la ausencia de mecanismos internos claros
para su cumplimiento, la falta de coordinación entre las funciones del Estado y la resistencia política a
implementar
reformas
institucionales
ordenadas
por
los
tribunales
internacionales.
Esta
debilidad
evidencia una concepción restrictiva de la soberanía estatal, utilizada para justificar el incumplimiento de
obligaciones internacionales libremente asumidas.
Antônio
Augusto
Cançado
Trindade
sostiene
que
la
eficacia
del
sistema
interamericano
depende
fundamentalmente de la voluntad de los Estados de cumplir de buena fe las sentencias internacionales,
ya
que
la
protección
internacional
de
los
derechos
humanos
carece
de
sentido
si
sus
decisiones
no
producen efectos reales en el orden interno (Cançado Trindade, 2014). Para el autor, el incumplimiento o
cumplimiento
parcial
de
las
sentencias
constituye
una
forma
continuada
de
violación
de
derechos
humanos, pues priva a las víctimas del derecho a la reparación integral y a las garantías de no repetición.
En América Latina, la debilidad en la ejecución de sentencias se manifiesta de manera recurrente en el
retraso
o
la
omisión
de
medidas
como
la
investigación
y
sanción
de
los
responsables,
la
adecuación
normativa
del
derecho
interno
y
la
implementación
de
políticas
públicas
orientadas
a
prevenir
futuras
violaciones. Esta situación genera un escenario de impunidad estructural que afecta no solo a las víctimas
Cesar Teobaldo Cuadrado Llandan, PhD.
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directas, sino también a la sociedad en su conjunto, al debilitar el Estado de derecho y la confianza en las
instituciones.
Desde una perspectiva teórica, Luigi Ferrajoli aporta el concepto de garantismo jurídico, según el cual los
derechos fundamentales solo existen de manera efectiva cuando cuentan con garantías institucionales
que
aseguren
su
protección
y
exigibilidad.
El
autor
advierte
que
la
falta
de
mecanismos
eficaces
de
ejecución convierte a las decisiones jurídicas en meras declaraciones formales sin impacto real (Ferrajoli,
2011). Aplicado al ámbito internacional, este planteamiento permite comprender que la debilidad en la
ejecución
de
sentencias
internacionales
refleja
una
ausencia
de
garantías
que
vacía
de
contenido
el
sistema de protección de los derechos humanos.
La
debilidad
en
la
ejecución
de
sentencias
internacionales
en
América
Latina
representa
un
desafío
estructural
para
el
Derecho
Internacional
de
los
Derechos
Humanos.
Superar
este
problema
exige
fortalecer
los
mecanismos
internos
de
cumplimiento,
consolidar
una
cultura
de
respeto
al
derecho
internacional y reafirmar el compromiso estatal con la dignidad humana. Sin una ejecución efectiva de las
decisiones internacionales, la protección de los derechos humanos queda reducida a un plano meramente
declarativo.
Violencia institucional y abuso del poder estatal
La
violencia
institucional
y
el
abuso
del
poder
estatal
representan
una
de
las
formas
más
graves
y
persistentes de vulneración de los derechos humanos en América Latina. Este fenómeno se manifiesta
cuando
agentes
del
Estado,
en
el
ejercicio
de
funciones
públicas,
utilizan
de
manera
arbitraria
o
desproporcionada la fuerza, o cuando las instituciones toleran prácticas que atentan contra la dignidad
humana. Estas conductas incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, represión
de la protesta social y uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad.
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de respetar,
proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción. Sin embargo,
en muchos países latinoamericanos persisten patrones estructurales de violencia institucional que revelan
una falla sistemática en el control del poder estatal. Estas prácticas suelen justificarse bajo discursos de
seguridad
ciudadana,
lucha
contra
el
crimen
organizado
o
mantenimiento
del
orden
público,
lo
que
evidencia una interpretación restrictiva y peligrosa de la soberanía estatal.
Antônio Augusto Cançado Trindade sostiene que el surgimiento del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos responde precisamente a la necesidad de limitar el poder del Estado y proteger a la persona
humana
frente
a
sus
abusos.
Para
el
autor,
ninguna
razón
de
Estado
puede
legitimar
la
violación
de
derechos fundamentales, pues la dignidad humana constituye el eje central del orden jurídico internacional
(Cançado
Trindade,
2006).
En
este
sentido,
la
violencia
institucional
no
solo
implica
responsabilidad
interna, sino también responsabilidad internacional del Estado.
En América Latina, la violencia institucional afecta de manera desproporcionada a grupos históricamente
vulnerables, como personas en situación de pobreza, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y
defensores de derechos humanos. La falta de investigaciones efectivas y la impunidad de los responsables
refuerzan la normalización de estas prácticas, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y en
el Estado de derecho.
Desde la teoría del garantismo jurídico
,
Luigi Ferrajoli advierte que el poder estatal, si no está estrictamente
limitado por normas y garantías efectivas, tiende inevitablemente al abuso. El autor afirma que los derechos
fundamentales
solo
existen
de
manera
real
cuando
cuentan
con
mecanismos
institucionales
que
los
protejan frente a la arbitrariedad del poder (Ferrajoli, 2011). En contextos donde el control judicial es débil
y la rendición de cuentas es insuficiente, la violencia institucional se convierte en una práctica estructural
y repetida.
Desafíos del derecho internacional en américa latina en el siglo XXI
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Vol.14 No.2, ISSN 1390-9789, agosto, 2026
El Derecho Internacional enfrenta el desafío de prevenir y sancionar estas violaciones mediante sistemas
de
supervisión
y
jurisdicción
internacional.
No
obstante,
la
debilidad
en
la
ejecución
de
sentencias
internacionales y la resistencia estatal a implementar reformas estructurales limitan el impacto real de estos
mecanismos. Como consecuencia, la violencia institucional continúa reproduciéndose como una práctica
tolerada o invisibilizada.
La violencia institucional y el abuso del poder estatal en América Latina evidencian la fragilidad de los
mecanismos
de
control
del
poder
y
la
necesidad
de
fortalecer
la
aplicación
efectiva
del
Derecho
Internacional
de
los
Derechos
Humanos.
Superar
este
desafío
requiere
consolidar
instituciones
democráticas, garantizar la rendición de cuentas de los agentes estatales y reafirmar el principio de que la
dignidad humana constituye el límite infranqueable del poder del Estado.
Desigualdad estructural como causa de vulneración de derechos
La desigualdad estructural constituye una de las principales causas
de vulneración sistemática de
los
derechos humanos en América Latina y uno de los mayores desafíos para el Derecho Internacional en el
siglo XXI. A pesar del reconocimiento normativo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales, amplios sectores de la población continúan excluidos del goce efectivo de estos
derechos debido a condiciones históricas de pobreza, discriminación y concentración del poder económico
y político.
Desde una perspectiva jurídica, la desigualdad estructural no se limita a diferencias económicas, sino que
se
manifiesta
como
un
fenómeno
multidimensional
que
afecta
el
acceso
a
la
educación,
la
salud,
la
vivienda,
el
trabajo
digno
y
la
justicia.
Estas
desigualdades
generan
vulneraciones
sistemáticas
a
los
derechos económicos, sociales y culturales, así como una afectación indirecta a los derechos civiles y
políticos. En este contexto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce la obligación de
los Estados de adoptar medidas progresivas para garantizar la igualdad real y no meramente formal.
Thomas Piketty sostiene que la concentración extrema de la riqueza y la ausencia de mecanismos eficaces
de
redistribución
profundizan
las
desigualdades
sociales
y
debilitan
las
democracias
contemporáneas
(Piketty, 2014). En América Latina, esta concentración se traduce en brechas persistentes que afectan
especialmente a pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas en situación de pobreza. La
desigualdad estructural, por tanto, no es un fenómeno accidental, sino el resultado de modelos económicos
que priorizan el crecimiento sin equidad.
Desde una perspectiva regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
señalado
que
la
desigualdad
en
la
región
tiene
un
carácter
estructural
y
reproduce
ciclos
intergeneracionales de pobreza y exclusión. Según este organismo, la
falta de sistemas de protección
social sólidos agrava la vulneración de derechos fundamentales, especialmente en contextos de crisis
económicas
y
sanitarias
(CEPAL,
2023).
Esta
situación
evidencia
las
limitaciones
del
Derecho
Internacional para garantizar la efectividad de los derechos sociales cuando no existen políticas públicas
adecuadas a nivel interno.
Por su parte, Luigi Ferrajoli, desde el garantismo jurídico, sostiene que los derechos fundamentales solo
existen plenamente cuando cuentan con garantías institucionales que aseguren su cumplimiento efectivo.
El
autor
afirma
que
la
desigualdad
extrema
vacía
de
contenido
el
principio
de
igualdad
ante
la
ley,
convirtiendo los derechos en privilegios accesibles solo para determinados sectores sociales (Ferrajoli,
2011). Esta reflexión resulta clave para comprender cómo la desigualdad estructural opera como una forma
indirecta pero constante de vulneración de derechos humanos.
El Derecho Internacional enfrenta
el desafío de transformar el reconocimiento formal del derecho a
la
igualdad en políticas efectivas de redistribución y justicia social. Sin embargo, la falta de voluntad política,
la debilidad institucional y la influencia de intereses económicos limitan la capacidad de los Estados para
cumplir con estas obligaciones internacionales.
Cesar Teobaldo Cuadrado Llandan, PhD.
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Vol.14 No.2, ISSN 1390-9789, agosto, 2026
La desigualdad estructural en América Latina constituye una causa central de vulneración de derechos
humanos y un obstáculo para la efectividad del Derecho Internacional. Superar este desafío requiere un
enfoque
integral
que
combine
normas
internacionales,
políticas
públicas
inclusivas
y
mecanismos
de
rendición de cuentas, con el objetivo de garantizar una igualdad real y sustantiva para todas las personas.
Criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas
La criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas constituye uno de los fenómenos
más preocupantes en América Latina y un desafío central para el Derecho Internacional en el siglo XXI.
Esta práctica consiste en el uso indebido del sistema penal, administrativo o judicial por parte del Estado
para intimidar, perseguir o silenciar a quienes denuncian abusos de poder, corrupción, violencia estatal o
violaciones de derechos humanos. A pesar de que los Estados han asumido compromisos internacionales
de protección, estas personas continúan enfrentando riesgos estructurales que afectan el ejercicio de sus
derechos fundamentales.
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los defensores y periodistas gozan de una
protección reforzada, derivada de derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el
acceso a la información y el derecho a defender derechos humanos. Sin embargo, en América Latina
persisten prácticas estatales que utilizan figuras penales ambiguas, como terrorismo, sabotaje, obstrucción
de
la
justicia
o
instigación
al
desorden
público,
para
justificar
procesos
judiciales
infundados.
Estas
acciones generan un efecto inhibidor que limita el debate público y debilita la democracia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que la criminalización constituye
una forma indirecta de censura y una violación al derecho a la libertad de expresión. Según este organismo,
el uso abusivo del derecho penal contra defensores y periodistas no solo vulnera derechos individuales,
sino que afecta el derecho colectivo de la sociedad a estar informada (CIDH, 2015). En este sentido, la
criminalización no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática que busca desalentar la denuncia de
violaciones de derechos humanos.
Por su parte, Michel Forst, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores
de
derechos
humanos,
sostiene
que
la
criminalización
forma
parte
de
una
estrategia
más
amplia
de
estigmatización y persecución, orientada a deslegitimar la labor de quienes defienden derechos humanos.
El
autor
advierte
que
los
Estados
utilizan
el
aparato
institucional
para
presentar
a
los
defensores
y
periodistas como amenazas al orden público o a la seguridad nacional, incrementando su vulnerabilidad
(Forst, 2018).
Desde una perspectiva teórica, Luigi Ferrajoli aporta el enfoque del garantismo jurídico, al señalar que el
derecho penal debe operar como un límite al poder punitivo del Estado y no como un instrumento de
represión política. Para el autor, el uso arbitrario del sistema penal para silenciar voces críticas constituye
una
grave
desviación
del
Estado
de
derecho
y
una
violación
directa
de
los
derechos
fundamentales
(Ferrajoli,
2011).
En
contextos
donde
el
poder
judicial
carece
de
independencia,
la
criminalización
se
convierte en una herramienta eficaz de control social.
El Derecho Internacional enfrenta el desafío de garantizar mecanismos efectivos de protección, prevención
y
sanción
frente
a
estas
prácticas.
No
obstante,
la
debilidad
institucional,
la
impunidad
y
la
falta
de
cumplimiento de las recomendaciones y decisiones internacionales limitan su impacto real.
La criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas en América Latina representa una
amenaza
directa
a
la
democracia
y
al
Estado
de
derecho.
Superar
este
desafío
exige
fortalecer
la
protección internacional, garantizar la independencia judicial y reafirmar el papel fundamental de estas
personas en la defensa de la dignidad humana y las libertades fundamentales.
Vulneración de los derechos de pueblos indígenas y comunidades ancestrales
La vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ancestrales constituye uno de los
problemas
estructurales
más
persistentes
en
América
Latina
y
un
desafío
central
para
el
Derecho
Desafíos del derecho internacional en américa latina en el siglo XXI
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Vol.14 No.2, ISSN 1390-9789, agosto, 2026
Internacional en el siglo XXI. A pesar del amplio reconocimiento normativo de sus derechos colectivos en
instrumentos internacionales y constituciones nacionales, estos pueblos continúan enfrentando despojo
territorial,
exclusión
social,
discriminación
histórica
y
violaciones
sistemáticas
a
su
derecho
a
la
autodeterminación.
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los pueblos indígenas son titulares de derechos
específicos que reconocen su identidad cultural, organización social, cosmovisión y vínculo especial con
la tierra y los recursos naturales. Instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen estándares claros sobre el
derecho a la consulta previa, libre e informada, la propiedad colectiva de la tierra y la protección de sus
formas de vida. Sin embargo, en la práctica, estos derechos son frecuentemente ignorados o aplicados de
manera deficiente por los Estados latinoamericanos.
Uno
de
los
principales
focos
de
vulneración
se
relaciona
con
la
imposición
de
proyectos
extractivos,
energéticos o de infraestructura en territorios ancestrales sin un proceso adecuado de consulta. La Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos
ha
establecido
que
la
falta
de
consulta
previa
constituye
una
violación grave a los derechos de los pueblos indígenas, ya que afecta su supervivencia cultural y material.
No
obstante,
los
intereses
económicos
suelen
prevalecer
sobre
los
derechos
colectivos,
generando
conflictos sociales, desplazamientos forzados y daños ambientales irreversibles.
Boaventura
de
Sousa
Santos
sostiene
que
la
persistente
vulneración
de
los
derechos
indígenas
está
vinculada
a
una
colonialidad
del
poder
jurídico,
que
subordina
los
sistemas
normativos
indígenas
al
derecho
estatal
dominante
(Santos,
2010).
Esta
situación
refleja
una
falta
de
reconocimiento
real
del
pluralismo jurídico y de las formas propias de organización y justicia de los pueblos indígenas, lo que
profundiza su exclusión y marginación.
Desde
la
perspectiva
del
pluralismo
jurídico,
el
Derecho
Internacional
enfrenta
el
reto
de
articular
los
sistemas jurídicos indígenas con los estándares universales de derechos humanos, sin imponer modelos
culturales ajenos. La falta de este enfoque intercultural contribuye a la criminalización de líderes indígenas
y a la deslegitimación de sus formas de resistencia frente a proyectos que amenazan sus territorios y
modos de vida.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que los pueblos indígenas
presentan los mayores índices de pobreza y exclusión en la región, lo que evidencia una relación directa
entre
desigualdad
estructural
y
vulneración
de
derechos
colectivos
(CEPAL,
2020).
Esta
situación
demuestra que la protección jurídica resulta insuficiente sin políticas públicas que garanticen condiciones
materiales de igualdad.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha enfatizado que los
Estados tienen la
obligación de adoptar medidas especiales para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos indígenas,
reconociendo
su
especial
vulnerabilidad
histórica
(Corte
IDH,
2012).
El
incumplimiento
de
estas
obligaciones genera responsabilidad internacional y perpetúa escenarios de injusticia estructural.
La vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ancestrales en América Latina
evidencia
las
limitaciones
del
Derecho
Internacional
para
garantizar
una
protección
efectiva
de
los
derechos colectivos. Superar este desafío requiere fortalecer el enfoque intercultural, garantizar el respeto
a
la
consulta
previa
y
consolidar
un
modelo
de
desarrollo
que
reconozca
la
dignidad,
autonomía
y
cosmovisión de los pueblos indígenas.
Crisis migratoria y vulneración de derechos de personas en movilidad humana
La crisis migratoria en América Latina se ha intensificado en el siglo XXI como consecuencia de factores
estructurales como la pobreza, la violencia, la inestabilidad política, las crisis económicas y los efectos del
cambio climático. Millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus países de origen en busca
de condiciones mínimas de seguridad y subsistencia. Sin embargo, lejos de encontrar protección, muchas
Cesar Teobaldo Cuadrado Llandan, PhD.
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enfrentan graves vulneraciones de derechos humanos durante su tránsito, destino o retorno, lo que plantea
un desafío central para el Derecho Internacional contemporáneo.
Desde
el
Derecho
Internacional
de
los
Derechos
Humanos,
las
personas
en
movilidad
humana
—
migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados— son titulares de derechos fundamentales sin
discriminación
por
su
estatus
migratorio.
Instrumentos
como
la
Convención
sobre
el
Estatuto
de
los
Refugiados de 1951 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen obligaciones claras
para los Estados en materia de protección, no devolución, debido proceso y acceso a servicios básicos.
No
obstante,
en
la
práctica,
muchos
Estados
latinoamericanos
han
adoptado
políticas
migratorias
restrictivas que priorizan el control fronterizo por encima del enfoque de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la criminalización de la migración
irregular
constituye
una
de
las
principales
causas
de
vulneración
de
derechos,
ya
que
expone
a
las
personas
migrantes
a
detenciones
arbitrarias,
expulsiones
colectivas
y
condiciones
inhumanas
de
detención (CIDH, 2019). Estas prácticas vulneran derechos como la libertad personal, la integridad física,
el derecho al asilo y el principio de no devolución, especialmente en el caso de niñas, niños y personas en
situación de especial vulnerabilidad.
Por su parte, ACNUR ha señalado que la crisis migratoria en la región presenta un carácter mixto, en el
que confluyen personas migrantes y refugiadas que huyen de persecuciones, violencia generalizada o
colapso
institucional.
La
falta
de
mecanismos
adecuados
para
identificar
necesidades
de
protección
internacional genera riesgos graves, incluyendo la trata de personas, la explotación laboral y la violencia
sexual
(ACNUR,
2022).
Esta
situación
evidencia
la
insuficiente
cooperación
regional
y
la
limitada
capacidad estatal para responder de manera coordinada a los flujos migratorios.
Desde
una
perspectiva
teórica,
Zygmunt
Bauman
analiza
la
migración
contemporánea
como
una
consecuencia de la desigualdad global y de la exclusión producida por el sistema económico internacional.
El autor sostiene que las personas migrantes suelen ser tratadas como “residuos humanos”, privadas de
derechos y de reconocimiento social, lo que refuerza su marginación y vulnerabilidad (Bauman, 2016).
Esta reflexión permite comprender cómo la crisis migratoria no es solo un problema humanitario, sino
también un fenómeno político y estructural.
El Derecho Internacional enfrenta el desafío de garantizar una protección efectiva y no discriminatoria de
las
personas
en
movilidad
humana.
Sin
embargo,
la
falta
de
voluntad
política,
la
xenofobia
y
el
incumplimiento de
los estándares
internacionales limitan su
impacto real. La crisis migratoria pone en
evidencia
la
necesidad
de
reforzar
el
enfoque
de
derechos
humanos,
la
cooperación
regional
y
la
responsabilidad compartida entre los Estados.
La crisis migratoria en América Latina revela profundas fallas en la protección de los derechos de las
personas en movilidad humana. Superar este desafío exige políticas migratorias inclusivas, mecanismos
efectivos de protección internacional y un compromiso real con la dignidad humana como eje del Derecho
Internacional.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, debido a que busca comprender y
analizar de manera crítica los principales desafíos que enfrenta el Derecho Internacional en América Latina
durante el siglo XXI, particularmente en relación con la protección y garantía de los derechos humanos.
Este enfoque permite interpretar fenómenos jurídicos, políticos y sociales complejos, así como examinar
la
interacción
entre
las
normas
internacionales
y
las
realidades
institucionales
de
los
Estados
latinoamericanos.
Desde el punto de vista metodológico, se empleó el método analítico-sintético. El método analítico permitió
descomponer
el
objeto
de
estudio
en
sus
principales
dimensiones,
tales
como
el
incumplimiento
de
obligaciones
internacionales,
la
ejecución
de
sentencias
internacionales,
la
violencia
institucional,
la
Desafíos del derecho internacional en américa latina en el siglo XXI
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Vol.14 No.2, ISSN 1390-9789, agosto, 2026
desigualdad
estructural,
la
protección
de
los
pueblos
indígenas,
la
criminalización
de
defensores
de
derechos humanos y la crisis migratoria. Posteriormente, mediante el método sintético, se integraron los
resultados obtenidos con el fin de comprender la relación existente entre estos fenómenos y su impacto
en la efectividad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la región.
Se utilizó el método descriptivo, orientado a identificar y caracterizar las principales problemáticas que
afectan la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en América Latina. Este
método permitió examinar las características, causas y consecuencias de las vulneraciones de derechos
humanos
asociadas
a
los
desafíos
analizados.
Complementariamente,
se
recurrió
al
método
crítico-
jurídico, el cual facilitó la evaluación de las fortalezas y limitaciones de los mecanismos internacionales de
protección de derechos humanos, así como el análisis de la capacidad de los Estados para cumplir con
sus compromisos internacionales.
La investigación posee un diseño documental y bibliográfico, basado en la recopilación, revisión y análisis
de fuentes secundarias de información. Para ello, se consultaron instrumentos jurídicos internacionales,
tratados de derechos humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informes
de organismos internacionales, publicaciones académicas, artículos científicos y libros especializados en
Derecho
Internacional
y
derechos
humanos.
Esta
estrategia
permitió
obtener
información
relevante,
actualizada y fundamentada para sustentar el análisis desarrollado.
Las fuentes primarias incluyeron instrumentos normativos internacionales como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos
indígenas y tribales, así como sentencias emblemáticas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Por
su
parte,
las
fuentes
secundarias
estuvieron
conformadas
por
estudios
doctrinarios
y
trabajos académicos de autores reconocidos en la materia, entre ellos Antônio Augusto Cançado Trindade,
Luigi
Ferrajoli,
Boaventura
de
Sousa
Santos
y
Thomas
Piketty,
cuyas
contribuciones
permitieron
contextualizar y profundizar el análisis teórico de los desafíos abordados.
El
procesamiento
de
la
información
se
realizó
mediante
técnicas
de
análisis
documental
y
revisión
bibliográfica
crítica,
orientadas
a
identificar
patrones,
tendencias
y
problemáticas
recurrentes
en
la
aplicación
del
Derecho
Internacional
en
América
Latina.
Este
procedimiento
permitió
contrastar
los
estándares
internacionales
con
la
realidad
regional,
identificando
las
principales
limitaciones
institucionales, políticas y socioeconómicas que dificultan la efectiva protección de los derechos humanos.
En
consecuencia,
la
metodología
empleada
proporciona
una
base
científica
y
jurídica
sólida
para
comprender los desafíos actuales del Derecho Internacional en América Latina y evaluar su incidencia en
la garantía efectiva de los derechos humanos, contribuyendo al desarrollo de propuestas orientadas al
fortalecimiento del Estado de derecho y de los mecanismos internacionales de protección.
CONCLUSIONES
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha contribuido significativamente al fortalecimiento de
los marcos normativos de protección en América Latina; sin embargo, persiste una brecha considerable
entre el reconocimiento formal de los derechos y su garantía efectiva. Esta situación evidencia que la
adopción de tratados internacionales no es suficiente sin mecanismos adecuados de implementación y
supervisión.
El incumplimiento de obligaciones internacionales y la limitada ejecución de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos constituyen obstáculos para la efectividad del sistema regional de
protección. Estas deficiencias favorecen la impunidad y restringen el acceso de las víctimas a la justicia,
la verdad y la reparación integral.
La
violencia
institucional,
el
abuso
del
poder
estatal
y
la
criminalización
de
defensores
de
derechos
humanos y periodistas reflejan debilidades estructurales en los sistemas democráticos de la región. Estas
Cesar Teobaldo Cuadrado Llandan, PhD.
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prácticas
vulneran
derechos
fundamentales
y
ponen
en
evidencia
la
necesidad
de
fortalecer
los
mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.
La desigualdad estructural, la pobreza y la exclusión social continúan siendo factores determinantes en la
vulneración
de
los
derechos
económicos,
sociales,
culturales
y
ambientales.
En
consecuencia,
la
protección
efectiva
de
los
derechos
humanos
requiere
la
articulación
entre
normas
internacionales
y
políticas públicas orientadas a reducir las brechas sociales y económicas.
La persistente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ancestrales, así como
las
dificultades
para
garantizar
la
protección
de
las
personas
en
movilidad
humana,
demuestran
la
necesidad de consolidar enfoques interculturales e inclusivos que permitan responder a las realidades
sociales y culturales de la región.
La
efectividad
del
Derecho
Internacional
en
América
Latina
depende
no
solo
de
la
existencia
de
instrumentos jurídicos y mecanismos de protección, sino también de la voluntad política de los Estados, el
fortalecimiento institucional y la cooperación regional. Solo mediante estos elementos será posible avanzar
hacia una protección integral y efectiva de los derechos humanos en el siglo XXI.
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